11/06 2018

El representante legal de las entidades religiosas

Los institutos religiosos (IR), como saben, desarrollan sus funciones bajo la vigencia del derecho canónico.

Pero además, dichos institutos no constituyen un mundo aparte sino que, por el contrario, hoy más que nunca se hace indispensable interactuar con los operadores de la realidad económica.

Por tanto, es necesario que los institutos religiosos se doten de características aptas para la instauración de relaciones jurídicas con proveedores, empleados, asesores, etc. que, de lo contrario, podrían rechazar la instauración de cualquier relación con los mismos.

En particular, las distintas articulaciones de los institutos religiosos (por ej. las provincias, casas, etc.) pueden convertirse en entidades eclesiásticas reconocidas civilmente como primer paso para poder ejecutar válidamente actos con eficacia jurídica en el ordenamiento italiano.

Para ello, la entidad eclesiástica deberá dotarse de un representante legal proprio, que es en definitiva una persona física investida de la facultad de actuar en nombre y por cuenta de la organización a la que pertenece: es decir, una persona que pueda ejecutar actos con eficacia jurídica y que sean vinculantes para la Entidad Eclesiástica.

Identificación del representante legal

Podemos decir que existen dos fases en las que se divide la identificación del representante legal:

  1. Una primera fase “interna”, en la que las autoridades canónicas competentes nombran al representante legal, según la normativa propia del instituto de referencia.
  2. A la primera fase le sigue una segunda, en la que dicha voluntad del instituto, y sus efectos, se harán públicos mediante la inscripción en el Registro de la Subdelegación del gobierno donde esté inscrita la entidad eclesiástica.

Así es, en cada Subdelegación del Gobierno (“Prefettura – UTG”) [Oficina Territorial del Gobierno] se ha instituido el Registro de las Personas jurídicas, en el que las Entidades eclesiásticas (así como otras entidades como Fundaciones, Asociaciones, Onlas, etc.) dan publicidad legal de su existencia. Con la inscripción inicia un verdadero y auténtico proceso administrativo que desembocará en la obtención del status de persona jurídica reconocida.

Entre los elementos que hay que inscribir en el Registro no puede faltar el nombramiento del representante legal de la entidad eclesiástica que, por tanto, podrá ser:

  • indicado en el momento inicial de la inscripción de la Entidad (en caso de que se trate de EE de nueva institución – art. 4, apartado 1, del “DPR” [Decreto del Presidente de la República Italiana] del 361/2000).
  • modificado a lo largo de la vida de la Entidad (en caso de que en una Entidad ya instituida e inscrita en el Registro, se produzca una mutación por cualquier motivo de la persona que desempeña el cargo – art. 4, apartado 2 del “DPR” 361/2000).

Facultades

Una vez obtenidas las facultades de representación, el representante legal podrá efectuar una serie de actos que pueden distinguirse en dos grandes categorías

  • actos de administración ordinaria (como, por ejemplo, las decisiones sobre el mantenimiento de instalaciones ya existentes);
  • actos de administración extraordinaria (como la venta de una propiedad inmobiliaria).

En particular, el representante legal de la Entidad eclesiástica puede efectuar claramente actos de administración ordinaria. Así es, dichos actos poseen una naturaleza tal que un control más intenso sobre los mismos podría dar lugar a una excesiva artificiosidad en la gestión de la Entidad.

Es necesario recordar, por otra parte, que no existe un verdadera y auténtica lista de actos de administración ordinaria, ya que está previsto, en todo caso, que cada instituto deba ocuparse de identificar las normas internas que regulen el uso y la administración de sus bienes (Cfr. Canon 635, párrafo 2, CJC y Canon 1281, párrafo 2).

Por el contario, por lo que se refiere a los actos de administración extraordinaria, está previsto que dichos actos puedan ejecutarse solo tras la autorización del superior canónico y que, a falta de la misma, su ejecución deba considerarse inválida.

Delimitando de esta forma las facultades del representante legal se puede afirmar que le corresponde a la autoridad canónica competente la autorización para ejecutar actos que excedan de la administración ordinaria. Al no existir una línea neta de demarcación entre los dos tipos de actos, es conveniente que cada Entidad Eclesiástica se dote de unos Estatutos que efectúen dicha distinción.

Por último, en caso de que los actos de administración extraordinaria revistan una especial importancia (por ejemplo, ventas inmobiliarias) es necesaria la autorización del Ordinario, es decir, la obtención de la licencia de la Santa Sede.

La representación procesal

Es posible que, durante la vida de la Entidad eclesiástica, surjan controversias con terceros, y que, a causa de incomprensiones o por otros motivos, no se consiga llegar a un acuerdo para evitar ir a juicio. En estos casos, al representante de la Entidad Eclesiástica le corresponde la representación en juicio de dicha entidad, denominada representación procesal.

Concretamente, el representante legal podrá ser destinatario de notificaciones de actos judiciales dirigidos a la Entidad Eclesiástica, podrá nombrar abogados para defenderse en juicio y llegar a acuerdos transactivos para resolver controversias.

Naturalmente, en caso de que dichos acuerdos de transacción superen lo concerniente a la administración ordinaria (como, por ejemplo, un acuerdo en un juicio sobre una propiedad inmobiliaria) siguen estando vigentes los límites sobre los actos de administración extraordinaria indicados anteriormente, así como la necesidad de obtener las correspondientes autorizaciones/licencias eclesiales.

La nacionalidad del representante legal para el reconocimiento – relación con el derecho canónico

Según establece el art. 7 de la Ley italiana- 20/05/1985, n.º 222, “las provincias italianas de institutos religiosos y de sociedades de vida apostólica no pueden ser reconocidos si no están representados, jurídicamente y de hecho, por ciudadanos italianos con domicilio en Italia. Esta disposición no se aplica a las casas generalicias ni a las casas procuras de los institutos religiosos y de las sociedades de vida apostólica”.

Por tanto, será necesario que el representante legal de las Entidades Religiosas enumeradas en la norma posea nacionalidad italiana, a menos que no se trate de una casa generalicia, una casa procura o una sociedad de vida apostólica. En estos casos, el Representante legal podrá tener una nacionalidad distinta de la italiana.

Por último, hay que recordar que el representante legal de una entidad eclesiástica no tiene que coincidir necesariamente con la persona del superior canónico. Así es, en muchos casos, el Ecónomo General es nombrado representante legal.

Delegación de facultades para institutos religiosos especialmente complejos

Con el fin de administrar mejor la Entidad Eclesiástica y, en particular, las entidades eclesiásticas especialmente complejas, el representante legal podrá delegar también sus propias facultades. Por tanto, es posible que, por ejemplo, a causa del número de negocios, las facultades propias del representante legal se deleguen en otras personas físicas. Eso mismo es aplicable también a la gestión de negocios complejos que requieran competencias específicas.

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Este es el primero de una serie de artículos en los que abordaremos los aspectos más interesantes de la representación de las Entidades Religiosas. Pueden escribir a: info@dikaios.international o llamar al +39 06 36712206 para solicitar aclaraciones al respecto y recibir asistencia.

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